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01/06/2009  El Defensor del Pueblo nos incluye en su informe para las Cortes del año 2008 [ Regresar ]

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La actuación del Defensor del Pueblo respecto a la regulación de la prestación por nacimiento o adopción por hijo, denominada "chequebebé", aprobada por la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único dela Seguridad Social ha continuado durante el ejercicio 2008.

Según se hizo constar en el Informe de 2007, al margen de otras incidencias en los procedimientos de concesión de las ayudas, el motivo fundamental de las quejas radicaba, de un lado, en el reconocimiento dela mencionada ayuda a los nacimientos que se hubieran producido a partir del 1 de julio de 2007, así como a las adopciones constituidas a partir de esa fecha, y de otro, el de los matrimonios mixtos cuando el padre es español y la madre es extranjera, con un hijo nacido en España, pero sin poder acreditar la residencia efectiva en los dos años anteriores al nacimiento.

Se entendía que la ley penalizaba la nacionalidad de la madre y creaba una discriminación con las parejas homosexuales, puesto que, si éstas realizan una adopción, basta con que uno de ellos sea español ya que eligen la persona beneficiaria de la ayuda.

La prestación cuenta con una doble naturaleza: beneficio fiscal en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas o subsidiariamente prestación de la Seguridad Social en su modalidad de no contributiva.

Las quejas presentadas, en principio, planteaban el trato normativo desigual que puede suponer la modificación introducida, que en un mismo período impositivo reconoce el beneficio fiscal únicamente a unos contribuyentes, siendo que muchos otros se encontraban en las mismas condiciones a 31de diciembre, que es el momento al que la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas refiere las condiciones personales y familiares atener en cuenta en la declaración. Del mismo modo, los promoventes de la queja plantearon la falta de consideración de la capacidad económica de las familias a quienes se reconoce la prestación, lo que no casa bien con el sistema tributario que pretende imponer el artículo 31 de la Constitución, ni con el reconocimiento de España como Estado social, ni con la asignación equitativa de los gastos públicos. Por otra parte, dado que la finalidad de la norma es compensar los gastos ocasionados por la incorporación de un nuevo hijo a la unidad familiar, esta Institución se interesó por la situación de acogimiento familiar pre-adoptivo o de carácter permanente y, en su caso, el motivo dela exclusión de estas situaciones de dicha ayuda. La Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos indicó que la ley derivaba de un proyecto de ley aprobado por el Gobierno, cuya tramitación parlamentaria ya había concluido y durante la cual las Cortes Generales, como representantes de la soberanía popular, habían aprobado parte de su contenido.

Asimismo indicó que la aprobación de cualquier deducción o prestación corresponde al poder legislativo y a la Administración tributaria sólo su aplicación. La citada Secretaría de Estado olvidaba en su informe que la iniciativa legislativa corresponde según el artículo 87 de la Constitución Española, al Gobierno del cual forma parte.

No obstante esta Institución hizo constar su disconformidad con el criterio sostenido por dicha Administración en la aplicación de la Ley 35/2007, toda vez que, a pesar de las afirmaciones efectuadas en su informe, cuenta con facultades para promover las modificaciones normativas que considere oportunas, así como para efectuar una interpretación más favorable a los ciudadanos, siempre que la misma tenga cabida en la norma (07021182, 08000201 y otras).
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